La idea de Hautsa Haizean era, desde el principio, arrojarle a la cara a un trabajador de la industria militar-armamentística el fruto de su trabajo, para hablar de la alienación que padecemos cuando trabajamos en una actividad que, no sólo no aporta nada positivo, sino que contribuye al dolor y muerte en este mundo. Esta industria me pareció la que mejor lo ilustra, pero bien podría haberse hecho con los barcos de guerra de Izar, el tabaco, etc. El elegir una localidad como Soraluze \/ Placencia de las armas, cuya economía gira en gran medida en torno a esta alienación individual y colectiva, no hace más que enfatizar esta idea, como el hecho de que el protagonista, Salvador, sea un veterano de las luchas obreras de la transición que aún cree que ‘el trabajo dignifica’, sea cual sea. Sin embargo, el relato se mostró enseguida como una buena ocasión para denunciar (aunque sea a través de la aparente ficción de la narrativa) el más escandaloso caso de violencia policial que conocemos quienes hemos vivido en Catalunya: el asesinato de Pedro Álvarez, barcelonés de 20 años, en la noche del 15 de diciembre de 1.992. La muerte de Pedro no es tan escabrosa como el ‘caso Almería’ de 1.981, pero, además de producirse en una época en que la violencia policial había disminuido, fue el ejemplo de hasta donde llega la impunidad policial: Pedro no militaba en ningún grupo disidente (armado ni desarmado), no había hecho nada contra la policía, ni infringido ninguna ley – por más que la policía nacional se afanara en buscarle posibles antecedentes policiales para arrojar sobre su cadáver… Simplemente, discutió con un policía fuera de servicio después de que este casi les atropellara a él y a su pareja y al agente José Manuel Segovia Fernández le pareció motivo suficiente para callarle descerrajándole un tiro en la cabeza. Tan buen carácter tenía Segovia que, tachado de ‘conflictivo’, le habían degradado y cambiado de grupo policial ocho veces; tan interesada la juez Mª José Magaldi en investigar, que decretó el secreto de las investigaciones para que la familia Álvarez no pudiera participar en ellas, tanto, que alegó ‘falta de pruebas’ contra toda los indicios que apuntaban al policía (coche, munición utilizada, descripción dada por la acompañante de Pedro). Tan bien funciona el estado español que el agente Segovia recuperó sueldo y plaza 3 meses después de su detención; tan bien, que, cuando llegó al Tribunal Supremo el recurso de la familia de Pedro sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, fue la misma juez Magaldi – emigrada al T.S. – quien evaluó su propia decisión y (para qué andarse con falsa modestia) se dio la razón a sí misma y ratificó el archivo de la causa. Hasta ahí llega el cheque en blanco dado a los terroristas del uniforme por los llamados ‘socialistas’, ‘cristianodemócratas’, ‘centristas’, ‘comunistas’, … y por sus medios de comunicación (¿alguien ha sabido de Pedro Álvarez por T.V.E., alguien ha visto la cara y nombre de Segovia Fernández en El País, …?). En regímenes más progresistas, los gobernantes evitan y combaten este tipo de escándalos para invertir en estabilidad política. En la España de Fraga, de Amedo y de Galindo, se considera que ningún crimen cometido por policías es demasiado cruel para alterar la pax romana de la ‘transición’.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bruno Rogero<\/strong>
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